Ha transcurrido un siglo desde que en 1911, por iniciativa de la socialdemócrata Clara Zetkin, se estableciera el Día Internacional de la Mujer para hacer visible la reclamación de derechos a la propiedad, al voto, a ocupar cargos públicos, a la educación y a la no discriminación laboral. Desde entonces la lucha por la igual participación en las esferas económica, social y política no ha cesado, consiguiendo asentar algunos logros, pero encontrando constantes nuevos desafíos.

El derecho electoral pleno fue uno de los principales hitos de la considerada primera ola de feminismo de finales del XIX y principios del XX. En Finlandia se consiguió el sufragio sin ningún tipo de restricciones en 1906. En España no sería hasta 1931 cuando las Cortes Constituyentes de la II República reconocieran esa igualdad para todos los ciudadanos mayores de 23 años de uno y otro sexo, mucho más tarde de su expansión por Occidente tras la I Guerra Mundial. De hecho, en nuestro país quedaría en suspenso hasta 1977.

La segunda ola de los años sesenta y setenta se centró en aspectos de índole social y legal, en los derechos a la propia sexualidad y la salud reproductiva, además de la igualdad en el lugar de trabajo y salarial, la independencia económica o el permiso de maternidad. Como resultado, se alcanzaron importantes cotas en la emancipación de la mujer a partir de su progresiva incorporación al mercado de trabajo y la universidad, lo que empezó a generar una ruptura con el sistema de valores tradicional que la relegaba a un rol acotado al hogar. En España, sin embargo, la dictadura supuso un enorme retroceso en los avances progresistas previos, que fueron abolidos y sustituidos por un modelo social fundamentado en el patriarcado y la división laboral en función del género.

A pesar de las relativas mejoras generales, la persistencia de las desigualdades ha nutrido una tercera ola desde los años noventa que persevera en la necesidad de continuar promoviendo la acción pública a favor de cuestiones aún no resueltas. El plan de la Comisión Europea 2006-2010 fijaba como prioridades la igual representación de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones, la autonomía económica, la erradicación de toda forma de violencia y tráfico de seres humanos, la reconciliación de la vida personal y profesional o la eliminación de los estereotipos de género.

El balance en cada uno de esos apartados resulta bastante irregular. Respecto a la presencia en puestos directivos, en el viejo continente las mujeres representan el 35% de los escaños del parlamento europeo, el 26% de los cargos gubernamentales y una media del 11% en los consejos de administración de las principales compañías. En España se ha avanzado notablemente hacia la paridad en el terreno político, aunque aún existe un amplio margen de mejora, pero su participación se limita al 6,59% en los órganos de dirección de las empresas del IBEX-35. Además, la barrera invisible del techo de cristal perdura y, mediante mecanismos culturales y códigos sociales no escritos, cercena su desarrollo profesional.

La tasa de actividad femenina en la UE-15 se situaba en 2009 en el 51%, frente al 65% de la masculina. Pese a cierta convergencia, esa diferencia es más acentuada en España, donde su alto nivel formativo convive con una mayoritaria presencia en el sector servicios, principalmente en ocupaciones de poca cualificación. La jornada a tiempo parcial (23% frente al 6% de los varones) incide en la situación laboral de la mujer y la brecha salarial (16%), muy próxima a la media europea (UE-27), muestra una flagrante discriminación, que se pretende combatir en el marco de la Estrategia 2020.

La violencia de género se mantiene en niveles alarmantes en todo el mundo, constituyendo, según el Consejo de Europa, la principal causa de muerte e invalidez en las mujeres de 15 a 44 años, por encima del cáncer y los accidentes de tráfico. Por otro lado, el reparto de las responsabilidades familiares sigue siendo muy desigual. Solo un número muy reducido de hombres opta por un permiso de paternidad o un trabajo parcial, mientras ellas han de elegir involuntariamente entre la maternidad o sus carreras profesionales, con un impacto negativo en las tasas de fecundidad. A su vez, el cuidado de hijos o dependientes se erige en su principal desincentivo para la búsqueda de empleo. De manera paralela, los estereotipos perviven en nuestra cotidianeidad, en instituciones y comportamientos sociales retrógrados, medios de comunicación, burlas grotescas, sin que en la mayoría de las ocasiones reparemos en oponernos con contundencia y responsabilidad.

Por lo tanto, no hay motivos para relajarnos en lo que atañe a la promoción de la igualdad de género, sino que debe proseguir e intensificarse desde una perspectiva holística, intergeneracional y con la complementaria colaboración de hombres y mujeres en ese objetivo común. Es necesario educar en la igualdad desde todos los entornos (familiar, escolar, administrativo, laboral, de ocio, etc.) y aplicar medidas legislativas, incentivos y mecanismos de evaluación perdurables.

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