En su visita al Vaticano, mañana día 10, (se refiere a la reunión entre el Presidente y el Papa del 10 de junio de 2010) el presidente del Gobierno español llega como un alumno aplicado con los deberes religiosos hechos, las promesas cumplidas y la cartera presidencial repleta de privilegios para la Iglesia católica (IC): económicos, políticos, educativos, culturales, fiscales, jurídicos e incluso militares. Es posible que comunique al Papa que no va a denunciar los Acuerdos de 1979 entre el Gobierno español y la Santa Sede y que la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia no va a cambiar el trato de favor del que disfruta la Iglesia católica en España.
Lejos quedan en el imaginario social los tiempos en que los dirigentes eclesiásticos del Vaticano y del catolicismo español acusaban al Gobierno socialista de «laicismo agresivo» y «fundamentalista laicista» (cardenal Julián Herranz). O calificaban su política de «fobia religiosa» y declaraban sin rubor que el objetivo del Ejecutivo del PSOE era «desterrar los valores de la cultura católica de los corazones y de las mentes de las nuevas generaciones» y la «suplantación cultural del humanismo cristiano por un humanismo cívico y materialista que, bajo un ropaje democrático, oculta su totalitarismo de origen» (Juan del Río, hoy vicario general castrense).
Han pasado 31 años de tan solemne compromiso, y ni la Iglesia ha logrado la autofinanciación, ni el Gobierno socialista la ha urgido a conseguirla. Todo lo contrario. En un intercambio de notas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Nunciatura Apostólica se incrementó el coeficiente del IRPF en la asignación tributaria a la Iglesia católica del 0,52% al 0,70%, con carácter estable. Bueno es recordarlo en el tramo final de la declaración de la renta para visibilizar la discriminación a que se ven sometidas las demás religiones en un Estado no confesional. ¿O acaso España no es teóricamente un Estado no confesional, aunque es evidente que en la práctica conserva no pocos restos del multisecular nacionalcatolicismo? Si la dependencia económica de la Iglesia católica del erario público es un signo de minoría de edad de aquella, es también prueba de debilidad y de falta de coherencia por parte del Estado, que se convierte en recaudador de impuestos para la jerarquía y el clero católicos sin contraprestación alguna.
1.-Justifica la elaboración de una nueva Ley de Libertad de Religiosa y de Conciencia, 30 años después de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, atendiendo a las profundas transformaciones sociorreligiosas producidas durante ese tiempo en la sociedad española. Si esa justificación es correcta, y lo es, me pregunto ¿por qué no aplica el mismo criterio para revisar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede? ¿O es que esas transformaciones en nada afectan a la Iglesia católica? Claro que la afectan, y mucho. Así lo demuestran el fenómeno creciente de las apostasías, el descenso de la práctica religiosa católica, la pérdida de credibilidad de los dirigentes eclesiásticos en la sociedad española, el significativo descenso de la fe en la juventud española, hoy por debajo del 50%, etcétera, etcétera.
2.-El Gobierno y otros cargos políticos han expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de avanzar hacia la igualdad de todas las religiones eliminando las discriminaciones que todavía existen hoy. Sin embargo, la práctica política parece ir en dirección contraria, al dejar incólumes los privilegios de la Iglesia católica e incluso profundizar todavía más las diferencias en las materias antes indicadas. Es lo más parecido a la cuadratura del círculo. ¿O es que no hay voluntad de caminar hacia el Estado laico?
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