LAS RELIGIONES se ocupan de las relaciones que los HUMANOS deben mantener con LA POTENCIA DIVINA,
para merecer y obtener la felicidad eterna después de su muerte.
LA FRANCMASONERÍA MIXTA agrupa bajo su bandera a los HUMANOS DE TODAS LAS RAZAS, RELIGIONES Y NACIONALIDADES,
con el fin de buscar continuamente y en común los medios para asegurar a cada uno
la mayor suma de bienestar material y de felicidad moral durante su vida.
LAS RELIGIONES dividen a los HUMANOS; LA FRANCMASONERÍA MIXTA quiere unirlos.
Georges MARTIN
La salud democrática de un país se nota en cosas muy concretas: en lo libre que se siente la gente para expresarse y en la nitidez con la que el Estado separa las leyes de las religiones. Cuando esa frontera se difumina, el sistema empieza a fallar. Y es ahí donde quienes defendemos un laicismo real y una ciudadanía consciente no podemos mirar hacia otro lado.
La reciente decisión de la Audiencia de Barcelona de reabrir la causa penal contra la revista satírica Mongolia —por una portada que parodiaba un belén— no es un hecho aislado. Es el último síntoma de un problema crónico: que en pleno año 2026 sigamos arrastrando el artículo 525 del Código Penal, ese que castiga la «ofensa a los sentimientos religiosos». Una auténtica anomalía jurídica que funciona como la última trinchera para proteger privilegios que no caben en una democracia moderna.
Para colmo, el auto judicial de Barcelona deja al descubierto un doble rasero que roza el cinismo. Mientras se reactiva el rodillo penal contra unos humoristas, los tribunales eximen de cualquier responsabilidad a las organizaciones integristas que promueven estas querellas basándose en bulos. A estas últimas se las disculpa bajo el pretexto de que «no tenían por qué saber» que lo que denunciaban era falso. El mensaje que se lanza es demoledor: la sospecha penal recae de inmediato sobre la libertad de expresión, mientras que la impunidad cobija al activismo ultracatólico que usa los juzgados para censurar.
El sinsentido de proteger ideas en vez de personas
Desde un punto de vista laico y de pura higiene democrática, el error de base de este delito es que desnaturaliza el sentido de la justicia. Las leyes penales de las democracias modernas nacieron para proteger bienes tangibles y universales: la vida, la integridad, la propiedad o la libertad de los ciudadanos. No están ahí para proteger abstracciones, dogmas o divinidades.
Los sentimientos son patrimonio exclusivo de las personas, que son las que tienen conciencia. Las ideas, las liturgias y los símbolos no sienten; por lo tanto, no se las puede ofender. La ley debe proteger a los creyentes (y a los no creyentes) contra el odio, la discriminación o la violencia, pero bajo ningún concepto puede blindar a las creencias frente a la crítica, la burla o la parodia.
Cuando el Código Penal castiga el «escarnio de los dogmas», mete a los jueces en un callejón sin salida. Los obliga a convertirse en psicólogos, intentando adivinar si un artista o un periodista quería ofender de mala fe o si simplemente estaba haciendo sátira política. Al final, la libertad de expresión de todos termina dependiendo de la sensibilidad personal o del sesgo ideológico del juez que te toque en suerte.
El «efecto desaliento» y la coartada de la tradición
Quienes defienden mantener este delito suelen decir que la ofensa a lo sagrado rompe la convivencia. Es una trampa argumental: confunden el derecho a no ser discriminado con un inventado «derecho a no ser ofendido», algo que no existe en ningún tratado internacional de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dejado claro muchas veces: la libertad de expresión no está para proteger solo las ideas amables, sino también aquellas que chocan, molestan o inquietan a una parte de la población. Eso es el pluralismo.
Al mantener el delito de escarnio, España se queda a la cola de Europa y alimenta el llamado «efecto desaliento». Las organizaciones que saturan los juzgados con denuncias contra el arte o el periodismo saben perfectamente que la mayoría de los casos terminarán en absolución tras años de recursos. Pero es que su objetivo no es la condena; es el proceso mismo. El calvario de ir a declarar, el coste económico en abogados y el desgaste público ya funcionan como un castigo preventivo. Buscan que el creador se lo piense dos veces, que el humorista se muerda la lengua y que la gente se calle por miedo. Eso es, en la práctica, implantar la censura por la puerta de atrás.
Lo más sangrante es que esto ocurre mientras la Iglesia católica sigue copando el espacio público con el apoyo de las instituciones civiles, que financian o arropan procesiones y misas bajo la eterna coartada de la «tradición» o el «interés turístico». Vivimos en una paradoja intolerable: el mismo Ayuntamiento que corta las calles para la liturgia de unos pocos, mira hacia otro lado cuando los tribunales persiguen la réplica satírica o la crítica iconoclasta.
El deber del laicismo hoy
Frente a este panorama, no podemos ponernos de perfil. No se trata de resucitar un anticlericalismo rancio o superficial, sino de hacer pedagogía ciudadana. Desde plataformas de expresión libre como este blog, nuestra obligación es recordar que el laicismo no va contra nadie: es la única garantía de que todos podamos convivir en paz. La libertad de culto de cualquier confesión termina exactamente donde empieza el derecho de los demás a no compartir sus dogmas, ni en su vida privada ni bajo la amenaza del Código Penal.
Una masonería que se entienda como una escuela de ciudadanía debe llevar este debate a la calle. Derogar el artículo 525 del Código Penal es una urgencia democrática. El respeto a las ideas se gana en el debate público, convenciendo, no usando la fuerza de la ley penal para callar al disidente. Es hora de que el Estado deje de actuar como el guardián de una moral concreta y empiece a proteger la libertad universal. Porque una sociedad que asume con normalidad procesar la risa para proteger lo sagrado, termina por destruir lo más sagrado que tiene una democracia: la libertad de sus ciudadanos.
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